El recién nombrado Primer Ministro francés, Michel Barnier, elegido por Emmanuel Macron, planea reactivar el Ministerio de Inmigración. Según informan los medios franceses, ya está manteniendo consultas con representantes de las fuerzas políticas del país para discutir la candidatura a futuro ministro de esta cartera.

Este ministerio existió anteriormente en Francia entre 2007 y 2010. Aunque funcionarios cercanos a Barnier aún no han confirmado esta información, sus puntos de vista sobre la inmigración son bien conocidos. 

En una entrevista reciente con TF1, Barnier manifestó su intención de controlar la inmigración de forma "estricta y humana". También prometió fortalecer el control fronterizo y llamó a todas las fuerzas políticas a unirse al debate sobre la lucha contra la inmigración ilegal.

En 2021, durante su campaña presidencial, Barnier propuso una moratoria de cinco años sobre la inmigración para recuperar el control de la política migratoria del país. Se opuso a la legalización masiva de inmigrantes ilegales y abogó por un referéndum sobre cuestiones migratorias.

Es probable que la postura antiinmigración de Barnier resuene entre el público francés. Según una encuesta realizada el año pasado por el servicio de encuestas CSA para CNews, el 80% de la población francesa cree que el nivel actual de inmigración es demasiado alto y se opone a aceptar más inmigrantes.

También vale la pena señalar que en 2023, Francia deportó a 4.686 extranjeros que habían cometido delitos, lo que supone un aumento del 30 % en comparación con 2022. En 2021, las autoridades francesas deportaron a 1.800 inmigrantes. 

La mayoría de los expulsados ​​eran musulmanes, como lo indican los destinos de las deportaciones: principalmente al Magreb y al África subsahariana. El Ministerio del Interior francés aclaró que estas cifras no incluyen a las personas expulsadas preventivamente por motivos de radicalismo y terrorismo, lo que sugiere que el número real de musulmanes deportados es aún mayor.

Se espera que el endurecimiento de las políticas de inmigración afecte desproporcionadamente a los inmigrantes musulmanes. Por ejemplo, la ley de control de inmigración e integración del año pasado incluía disposiciones para revocar permisos de residencia por "incumplimiento de los principios de la República". 

Si bien la ley no define explícitamente estos principios, el portavoz del gobierno, Olivier Véran, aclaró que las violaciones incluyen "el uso visible de símbolos religiosos en las escuelas" y "la negativa a interactuar con funcionarios del sexo opuesto por motivos religiosos". Esto confirma que las leyes de inmigración más estrictas se dirigen principalmente a las comunidades musulmanas. 

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, también propuso revocar los permisos de residencia a las personas que "adhieren a la ideología yihadista radical", citando como ejemplo a aquellos que poseen imágenes de víctimas del Estado Islámico en sus teléfonos.

La aprobación de esta legislación ha provocado protestas generalizadas y críticas de organizaciones de derechos humanos, que la calificaron como la ley más regresiva de los últimos 40 años. 

Las nuevas medidas introducen cuotas para la legalización de extranjeros, imponen depósitos de seguridad para visas de estudiantes, restringen beneficios sociales y revocan la ciudadanía a quienes maten a policías, así como los permisos de residencia por "incumplimiento de los principios de la República".

¿Encontrará Barnier aliados políticos para su agenda antiinmigración? Lo más probable es que sí. En las últimas elecciones parlamentarias, la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) prometió una "ley de emergencia" para restringir significativamente los derechos de los ciudadanos "no franceses". Así, Barnier tiene fuerzas políticas con las que puede colaborar para implementar sus planes, según News.AZ